Pilar Bonet, Mirzanagly
A un kilómetro de la línea de frente armenio-azerbaiyana, en la localidad de Mirzanagly, Albufat, un aldeano, señala hacia la cima de la reseca montaña de Lala Tepe, reconquistada por Azerbaiyán en abril. “Desde allí los armenios tiroteaban el pueblo. Ahora estamos más tranquilos”, me dice. “Las últimas dos noches nos dispararon, pero no hubo víctimas civiles”, puntualiza, lacónico, el alcalde Nuradín Bairámov, refiriéndose al 28 y 29 de mayo.
Estamos en una franja de terreno lindante por el sur con Irán y por el norte con el territorio controlado por Armenia. Mirzangaly pertenece al distrito de Fuzulí, desgajado en dos zonas por la guerra, y sobrevive gracias a sus ovejas y a una precaria agricultura. El agua de los pozos es salada y el canal desde el que antes se regaban los huertos está del lado armenio. “Necesitamos el agua para nuestro desarrollo, por eso debemos recuperar el canal”, dice el alcalde.
A unos 6 kilómetros de Lala Tepe está Horadiz, la capital de hecho del distrito. Aquí viven cerca de cuatro mil personas, la mayoría en edificios de reciente construcción. “Cuando se produjeron los enfrentamientos hasta los ancianos querían ir a luchar como voluntarios. Este es el momento. Deben liberar los territorios al alcance de la mano. Estamos con el presidente y el presidente está con el pueblo. Ahora, por fin, creemos en nuestro Estado”, exclama Yusup, dueño de un café junto a la estación de Horadiz, donde concluye ahora el trayecto de ferrocarril que en época soviética se extendía desde Bakú a Irán vía Armenia. Yusup señala hacia unos clientes que juegan al ajedrez. “¿Ve esos hombres? Son todos del otro lado y quieren regresar. Llevan 22 años esperando”, dice.
A pocos kilómetros de Horadiz se construye un nuevo pueblo para desplazados. Son casas unifamiliares con un pequeño jardín. En Azerbaiyán hay más de 90 pueblos como estos para acoger a parte de los que tuvieron que dejar sus domicilios (cerca de un millón de personas), en Armenia, en el Alto Karabaj y distritos circundantes. El Estado presta viviendas (sin derecho de compra) a los desplazados y les orienta hacia un regreso, de momento incierto.
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